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A finales de año trabajar?n con documentos electrónicos unas 5.000 empresas solo en el gran consumo. El ahorro que han logrado suma unos 60 millones al año. Y es que los recortes de costes por emisión y recepción de facturas alcanzan, gracias a las nuevas Tecnologías, entre 0,7 y 2 euros por unidad. Otras ventajas, al margen de las económicas, son el incremento de la seguridad, la mejora en el tiempo de entrega, el control de la fecha y hora de envio, minimizar los errores de manipulaci?n y una disposición más ordenada de los documentos (por fecha, concepto, cuant?a, etc?tera) en el archivo.
El director de comercio electrónico de Aecoc, Alejandro Sánchez, cree que existen oportunidades para que los incentivos se implanten en el corto plazo. ?El reciente Plan Avanza contempla la eliminación del papel en la Administración antes de 2009, por lo que los proveedores deberían facturar en formato electrónico?. Según Sánchez, ela próxima reforma fiscal contemplará ayudas para la I+D y la innovación que podrían incluir la implantación de la e-factura?.
La regulación que valida este tipo de documento data de febrero de 2003, decenas de tecnológicas aportan soluciones y los trámites para introducirse en este modelo de relación comercial son sencillos. Como requisito fundamental se precisa un PC con conexión a Internet y una firma digital como elemento que garantiza la identidad del emisor y que los datos no han sido adulterados. Además, el receptor debe estar conforme con la sustituci?n del modelo tradicional de papel.
Un proyecto basado en archivos PDF para un aut?nomo puede partir de unos 900 euros, expone el director adjunto de la entidad especializada Grupo Seidor, Alejandro Daniel. En proyectos más complicados, la empresa emisora debe contar con un software de facturación que recoja datos, los valide e inserte en los documentos para su envio.
La propia Agencia Tributaria ha propuesto un formato de factura universal, de uso libre y gratuito, basado en el lenguaje informático XML. Este modelo puede descargarse de www.aeat.es. Otro, de común aceptación en España, está basado en tecnología EDI y es facilitado por Aecoc. Finalmente, se utiliza el PDF con firma digital, el más semejante a la factura convencional en papel. Manteniendo esta libertad de elección de formato, existen una serie de características comunes a todos:
? Documento de factura. Un único fichero puede contener una o varias facturas electrónicas siempre y cuando sean del mismo emisor y vayan dirigidas a un solo destinatario. En caso de que se env?e un lote, debería firmarse cada factura.
? Cabecera del fichero. Informa sobre el número de facturas que incluye el documento, emisor, importe, cantidad que se adeuda y el total a ejecutar, moneda en que se cobra y contravalor en euros.
? Datos. El contenido en digital debe ser exactamente el mismo que el de la factura de papel. incluirá el número, serie y tipo de factura, NIF, razón social, fecha, lugar de expedición, etc?tera.
? Detalle. Ofrece numerosos espacios para la consignación de los bienes y servicios a cobrarse. En ello se pueden señalar los descuentos y cargos.
? Firma digital. Emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o cualquier entidad registradora autorizada por la Agencia Tributaria, se compone de una clave privada (conocida solo por el usuario) y otra pública. La segunda se corresponde con una secuencia de datos (certificado digital) que vinculan la identidad del usuario con su clave pública. Este certificado digital que incluye la clave pública, nombre del propietario o fecha de expedición, debe ser enviado a clientes y proveedores con el fin de que puedan validar la firma.
? Archivo. Los sistemas informáticos de almacenamiento son capaces de sustituir cualquier archivo de documentos por extenso que sea. Aquellos que trabajan con e-facturas están obligados a guardar el recibo digitalizado, el mensaje de envio, la firma y certificado digital. Hacienda no exige un sistema de almacenamiento especial para las facturas, pero sí la posibilidad de acceso a los ficheros en caso de que estas sean requeridas.
Por el momento, en España existen ya varias empresas que expermientan con la facturación electrónica:
Caprabo. En su sede central entran una media de 350.000 facturas al mes, de las que el 80% llegan hasta administración en formato digital. ?Prácticamente mantenemos relación telemática con todos nuestros grandes proveedores y estamos en la labor de que se integren los pequeñosí, explica José Enrique Ib??ez, responsable del departamento administrativo de proveedores de Caprabo. ela factura electrónica representa hoy el mismo reto que signific? el Código de barras en el pasado?, sentencia.
Condis. Recibe, trata y cuadra sus facturas de forma electrónica. La cadena de supermercados señala que gestiona 1,5 millones al año, de las que el 90% adjuntan firma digital y un 81% se contabilizan sin que medie intervención manual alguna.
Cemex.30.000 facturas mensuales salen de las oficinas de la cementera en España. Dependiendo del cliente se remitirán en PDF con firma electrónica, impresas o por fax. La compañia dedica seis personas a ensobrado y gestión de facturas, que han ganado una hora al día cada una para realizar otras labores.
Hyundai. 17.800 euros al año es lo que ahorra Hyundai en España por haber pasado del papel al formato electrónico. La firma espera el retorno de la inversión realizada en el sistema de facturación en 16 meses.
Fuente: Cibersur.com
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Según el Gobierno, el Plan busca la consecuci?n de un conjunto de objetivos estratégicos alineados con la Agenda de Lisboa, que persiguen la convergencia con los países europeos más avanzados en materia de Sociedad de la Información, teniendo en cuenta que la convergencia también ha de producirse a nivel nacional entre las Comunidades Autónomas.
El conjunto de los objetivos del Plan Avanza se resume en uno: conseguir que el volumen de la actividad económica relacionada con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se acerque al 7 por 100 del PIB en 2010, para lo que será necesario un esfuerzo conjunto por parte del sector privado, la sociedad civil y las distintas Administraciones.
Las partidas asignadas al Plan para 2006 suman un total de 785,6 millones de euros, que se añaden a las partidas ya destinadas al desarrollo de la Sociedad de la Información por el Ministerio de Industria, que ascienden a 412,1 millones de euros. Del importe global por ambos conceptos, que se eleva por tanto a 1.197,7 millones de euros, un determinado porcentaje podrá ejecutarse a traves de convenios con las Comunidades Autónomas, con un esquema similar al utilizado en iniciativas como Internet en el Aula o Ciudades Digitales.
áreas de actuación del Plan Avanza
El plan cuenta con cinco grandes áreas de actuación:
Hogar e Inclusión de Ciudadanos. Incluye medidas para garantizar la extensión del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los hogares y la inclusión de todos los ciudadanos en la Sociedad de la Información.
Competitividad e Innovación. Su objetivo es impulsar el desarrollo del sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en España y la adopción de soluciones tecnológicamente avanzadas basadas en el uso de las TIC por las pymes.
Educación en la Era Digital. Persigue incorporar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso educativo e integrar a todos los agentes que participan en el.
Servicios Públicos Digitales. La meta es mejorar los servicios prestados por las Administraciones Públicas, lo que permitirán aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y la eficiencia de las empresas.
Contexto Digital. Desarrolla medidas para implantar las infraestructuras de banda ancha en todo el país, generar confianza en ciudadanos y empresas en el uso de las nuevas Tecnologías y proporcionar mecanismos de seguridad avanzados en el nuevo contexto.
Mandatos a los Ministerios para el Impulso de la Sociedad de la Información
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado adoptar los siguientes mandatos para la puesta en marcha de medidas normativas para el impulso de la Sociedad de la Información:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elevará al Gobierno antes del 31 de diciembre de 2005 un Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, por el que se incluyan obligaciones de información de los proveedores de acceso a Internet a sus clientes sobre problemas de seguridad en Internet y las herramientas para combatirlos, y para que se adapten las obligaciones aplicables a los prestadores que realicen comercio electrónico a los nuevos modos de comunicación, como es el caso del acceso a Internet a traves de telefonía móvil.
Los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Industria, Turismo y Comercio y Administraciones Públicas han recibido el mandato para elaborar antes del 31 de diciembre un proyecto de Real Decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los servicios relacionados con la Sociedad de la Información.
Durante el primer semestre de 2006 los Ministerios de Trabajo e Industria, Turismo y Comercio elaborarán una propuesta sobre las necesidades de regulación en el ámbito del teletrabajo y si fuera necesario contemplarán las modificaciones oportunas del Estatuto de los Trabajadores.
El Ministerio de Administraciones Públicas propondrá antes del 1 de abril de 2006 las medidas normativas necesarias para que se complete la regulación de la utilización de medios electrónicos en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas. Antes del 1 de marzo de 2006 el Ministerio de Administraciones Públicas elevará al Gobierno un plan que contenga las medidas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a utilizar medios electrónicos con la Administración General del Estado, conforme se recoge en el mandato anterior.
Los Ministerios de Administraciones Públicas, Industria, Turismo y Comercio y Economía y Hacienda elaborarán durante 2006 un Real Decreto que establezca un marco jurídico homog?neo para toda la Administración General del Estado sobre el uso y aceptación de la firma electrónica.
El Ministerio de Industria debería elaborar antes del 31 de diciembre de 2005 una propuesta de modificación de la Ley General de Telecomunicaciones por la que se tipifique expresamente como infracción administrativa el incumplimiento por parte de los operadores de comunicaciones de los derechos de los consumidores y usuarios.
En el marco de la próxima reforma fiscal, el Ministerio de Economía y Hacienda estudiar? la ampliación de los incentivos fiscales aplicables a inversiones en I+D+i, al fomento en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la formación de empleados en TIC y, en su caso, la introducción de incentivos fiscales para impulsar el teletrabajo.
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